El juez Lijo pidió un nuevo informe en el caso Correo

Por Irina Hauser – 

La definición de la situación procesal del ministro Oscar Aguad y otros tres imputados en la causa penal sobre el acuerdo para licuar la deuda del Correo, quedará postergada para después de la realización de un informe técnico pericial que ordenó el juez federal Ariel Lijo para establecer si el pacto que firmó la empresa del Grupo Macri con representantes del Estado durante la gestión de Cambiemos –o sea, de Mauricio Macri—era “ruinoso y abusivo” para las arcas públicas, tal como denunció la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín. Ella había sostenido que en los términos en que se suscribió, ese acuerdo condonaba el 98,87 por ciento de la deuda de la firma postal. El nuevo análisis fue encomendado, sin plazo alguno, a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen organizado (DAJuDeCO), que depende de la Corte Suprema, que además de pinchar teléfonos hace investigaciones.

El argumento del juzgado es que la medida fue ordenada por la Cámara Federal en la misma resolución en la que le dio respaldo a la investigación al rechazar planteos de nulidad y excepción de falta de acción de los imputados. Lo llamativo es que ya se hicieron pericias e informes de distinto tipo sobre la misma cuestión y otros que dan cuenta de que habría existido una maniobra para beneficiar a la empresa de la familia presidencial, más allá del monto. Boquín, por empezar, basó sus conclusiones –que de hecho llevaron a frenar el acuerdo– en la pericia que hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Luego, en el expediente penal que instruye el propio Lijo, presentó un análisis la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que señaló una maniobra sincronizada entre el Correo y las áreas de Gobierno que se ocupaban de la cuestión concursal; y dentro de la Auditoría General de la Nación (AGN), un análisis interno que fue incorporado parcialmente al informe final, también señalaba una quita de lo adeudado que superaba el 90 por ciento, a lo que se sumó un estudio en la misma línea de auditores externos.

Por otro lado, está en marcha una pericia contable encomendada a los expertos de la Corte sobre maniobras de vaciamiento y posibles desvíos de dinero durante la etapa concursal. Se analizan los libros contables de Socma y Sideco, controlantes de Correo, y el uso dudoso de dinero de una empresa que se supone que está inactiva. Pero nada de esto parece ser el punto al que enfoca el pedido de Lijo, que se encaminaría más bien a evaluar el trabajo de Boquín –a quien el oficialismo ha hecho lo posible por desplazar, sin éxito–, lo que de por sí es polémico.

De todos modos, tanto Lijo como el fiscal Gerardo Pollicita habían dado por sentado que el acuerdo por la vieja deuda del Correo, firmado el 28 de junio de 2016, era perjudicial para los intereses del Estado y bajo esa sospecha, de hecho, fueron indagados tanto Aguad, actual ministro de Defensa y ex de Comunicaciones, el ex director de asuntos Jurídicos de esta última cartera, Juan Mocoroa, el titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa y el apoderado, Jaime Kleidermarcher. La0s indagatorias, por los posibles delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, fueron a fines de marzo. El plazo establecido para resolver las situaciones procesales es de diez días. Aquí pasaron casi seis meses, presentaciones de los imputados mediante. En su fallo del 21 de agosto, la sala 2 de la Cámara Federal dio aval a la continuidad de la causa y agregó el siguiente párrafo: “se puede concluir que a esta altura del proceso existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley”.

El juez Lijo interpretó que debía mandar a analizar si el acuerdo era realmente abusivo en términos de perjuicio y les avisó a las partes que pueden intervenir y sugerir puntos para el informe pericial. Para eso, además, pidió todo el expediente comercial de la deuda. Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini le dijeron que no se lo pueden mandar, porque casualmente se lo acaban de enviar a la Corte Suprema para que se expida sobre un recurso del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, que pidió 120 días para evaluar la última oferta del Correo, que ofrecía pagar la deuda de 2002 (296 millones de pesos) y los intereses solo si la empresa gana los juicios contra el Estado. E incluso, en caso de pagar los intereses, llegaría a abonar algo más de 700 millones en el mejor de los casos, mientras que la deuda con los intereses actualizados según la fiscalía es de 4500 millones. El insólito recurso que ya está en manos de los supremos, además, fue concedido fuera de plazo y sin “correr vista” a las partes.

Como es claro a esta altura, el Estado y la empresa durante los últimos tres años parecen jugar para el mismo equipo. El Estado, que se supone que tiene interés en cobrar una deuda millonaria, sigue dilatando. La pregunta hoy es ¿para qué? Todas las especulaciones apuntan a que ambas partes intentaría llegar a diciembre en condiciones de hacer un acuerdo favorable a la firma del Grupo Macri, o bien seguir haciendo tiempo.

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